Comentario

Narcocultura, violencia y ciencias socioantropológicas

Narcoculture,Violence and Socioantropological Sciences

José Manuel Valenzuela

El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, Baja California, México manusdec@colef.mx

Muchos pueblos, comunidades y grupos culturales han utilizado sustancias que alteran la percepción y los sentidos. Usualmente estas prácticas se realizaban en contextos rituales, sin el sentido criminal que se otorga desde ámbitos de gobierno a algunas de ellas. Los afanes prohibicionistas anclados en intereses económicos, pero encubiertos en fachadas moralistas, cobraron fuerza a partir del siglo XX, producto de presiones e intereses de los gobiernos de Estados Unidos. Podemos esbozar cuatro escenarios de la prohibición que han dejado huellas importantes en América Latina. El primero ocurrió en la primera década del siglo XX, cuando Estados Unidos decidió prohibir la venta y consumo de marihuana, cocaína y derivados de la amapola, situación que impulsó su importación de países como México, dada su importante demanda con fines curativos y consumo lúdico o adictivo. La presión internacional estadounidense logró que la prohibición de producción y trasiego de estos productos se estableciera en otros países durante la segunda década del siglo XX, como ocurrió en el caso mexicano.

El segundo escenario prohibicionista inicia en 1919 y se solapa con el anterior, pues refiere a la Ley Seca que entró en vigor con la Enmienda XVIII a la Constitución de Estados Unidos mediante la cual se prohibía la producción y trasiego de licor, disposición que produjo como efecto colateral la proliferación de destilerías, cervecerías, casinos y casas de juego en la frontera norte mexicana, así como el surgimiento de poderosas mafias de contrabandistas que crecieron amparadas en la ilegalidad y en la nimia disposición de los estadounidenses para abstenerse de consumir bebidas espirituosas tan demandadas y apetecidas. Junto al crecimiento de imbatibles grupos criminales fortalecidos con la prohibición, se registraron decenas de miles de muertes ocasionadas por la violencia producto del prohibicionismo y el consumo de bebidas adulteradas, además de que creció de forma alarmante la corrupción en las instituciones, entre la clase política y en las corporaciones policiales. Frente al fracaso de la disposición prohibicionista y sus efectos contraproducentes, la Ley Seca fue lanzada al cesto de la basura con la Enmienda XXI de la Constitución Política estadunidense, pero perduraron algunas de sus secuelas, que definieron escenarios fronterizos mexicanos donde permaneció y se fortaleció la operación de casinos, centros de prostitución, cantinas y casas de juego.

El tercer escenario prohibicionista ocurrió en el contexto de la irrupción juvenil sesentera y sus cuestionamientos a las formas plásticas de vida y a la proclividad beligerante estadounidense, expresada en innumerables guerras, entre las cuales la de Viet Nam (1964-1975) despertó ánimos pacifistas y humanitarios en amplios sectores poblacionales. Muchos jóvenes enfrentaron la política dominante y se desarrollaron movimientos políticos, pacifistas, feministas, ecologistas, juveniles y antirracistas. También apareció la droga como elemento inscrito entre diversos grupos juveniles y la biocultura juvenil confrontó los dispositivos de la biopolítica dominante. Al gobierno estadounidense le preocupaba la condición contestataria y humanitaria de muchos de estos movimientos que planteaban la necesidad de darle una oportunidad a la paz e imaginaban mundos donde la gente hiciera el amor, no la guerra, pedían el poder para el pueblo y desafiaban la autoridad de los padres, las certezas adultocráticas, el poder de los uniformes, los odios raciales y la irracionalidad capitalista. Al gobierno y grupos de poder estadounidense les inquietaban asimismo los movimientos nacionalistas y revolucionarios de América Latina, muchos de ellos influidos por el marxismo y la Revolución Cubana.

El gran cambio sociocultural de los años sesenta contribuyó a detener la guerra en Viet Nam, pero era un desafío demasiado grande para el poder imperial, por ello el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, planteó una nueva ofensiva utilizando el recurso eufemístico de la lucha contra el consumo de drogas el 17 de junio de 1971 y anunció su combate en todos los niveles. Con esta disposición, el gobierno de Nixon identificó a las drogas como el enemigo público número uno de Estados Unidos y fortaleció una imagen criminalizada en que las drogas y sus consumidores devinieron en figuras amenazantes para la estabilidad y la convivencia social. Con esta estrategia aplicada de manera sesgada y discrecional, las cárceles se llenaron de jóvenes pobres, en especial de afrodescendientes y latinos. A su vez, la lucha contra las drogas ayudó a controlar movimientos de resistencia y sirvió como recurso geopolítico intervencionista en América Latina.

A cuatro décadas de la cruzada contra las drogas de Richard Nixon, Estados Unidos ha gastado más de 2.5 billones de dólares en la guerra contra las drogas y ha arrestado a más de 40 millones de personas por delitos relacionados con narcotráfico y posesión de sustancias ilegales (UNODC, 2011). No obstante, la supuesta guerra ha fracasado igual que la Ley Volstead, pues el consumo de drogas en ese país ha aumentado hasta llegar a 20 millones de adictos. La estrategia ha resultado fallida tras casi un siglo de prohibicionismo, declaratorias beligerantes contra las drogas, intervenciones en otros países bajo el pretexto de combatir su producción y trasiego, millones de jóvenes encarcelados o asesinados, persistencia de espacios de corrupción institucional, criminalización de sectores juveniles y grupos étnico-nacionales. Esta lucha también representa un desvío considerable de recursos que deberían destinarse a educación, generación de empleos, programas de prevención de adicciones y fortalecimiento de las instituciones de salud. A pesar de tantos recursos invertidos, actualmente el mercado de drogas es mucho más grande y reporta cerca de 320 mil millones de dólares anuales según la Organización de las Naciones Unidas, además de que ahora las drogas son más baratas, potentes y accesibles (UNODC, 2011).

El cuarto escenario se inscribe en el contexto de la llamada "guerra contra el eje del mal" iniciada por George Bush en 2001, definida a partir de una estrategia geopolítica global que ha derivado en cientos de miles de muertos en Iraq y Afganistán, a partir de una definición que incorpora a organizaciones del narcotráfico como actoras de dicho campo maléfico. El asunto principal se inscribe en una redefinición del tema de seguridad nacional estadounidense con claras condiciones injerencistas, como ha sucedido con el Plan Colombia en ese país andino y con la Iniciativa Mérida en México, en cuyo marco se ubica la llamada "guerra contra el crimen organizado" y su triste secuela de violencia, feminicidio, juvenicidio y muerte artera. La Comisión Global de Políticas sobre Drogas destaca el aumento en el consumo de drogas durante el periodo de 1998 a 2008, con un incremento en el uso de opiáceos —34.5%—, cocaína —27%— y cannabis —8.5%—. De acuerdo con la comisión, estos incrementos de consumo se presentan a pesar de enormes gastos realizados para abatirlo y de las políticas represoras que han orientado la lucha contra las drogas. Como consecuencia de esta estrategia, las cárceles se encuentran saturadas de personas de bajo nivel socioeconómico y de aquellos que ocupan rangos menores en el narcomundo. Al mismo tiempo que se criminaliza y encarcela a simples consumidores y a muchos inocentes, se regeneran redes de narcotraficantes y se incrementa la violación de derechos humanos, situación que se ilustra en el trabajo de Edith Carrillo Hernández, en este número de Desacatos.

En América Latina disminuye la protección social, crece el desamparo y aumentan los riesgos para los jóvenes, a tal grado que nueve de cada diez muertos por disparo de arma de fuego son niños y jóvenes menores de 30 años, según estimaciones de la Organización de Estados Americanos (AFP, 2011: 23). El nivel de violencia adquiere rasgos más que preocupantes en esta región, pues las tasas de homicidios triplican el nivel de la criminalidad considerado epidémico y en algunos países es aún superior: en Colombia es diez veces mayor, en El Salvador cinco veces, en Venezuela 4.3 veces y en Brasil 3.8 veces. Sólo se encuentran por debajo de los niveles de violencia endémica Costa Rica, Cuba, Perú, Argentina, Chile y Uruguay (CEPAL, 2008a: 90). La violencia expresada en asesinatos, accidentes y suicidios es la primera causa de muerte entre jóvenes hombres de América Latina y la Organización Mundial de la Salud registra que en 2002 entre 10 y 36% de las mujeres latinoamericanas fueron objeto de violencia física o sexual y que entre 70 y 80% de las víctimas de la violencia sexual eran niñas (CEPAL, 2008b: 181).

Las principales causas de muerte entre jóvenes hombres mexicanos son externas e incluyen accidentes y lesiones. Entre jóvenes hombres de 15 a 19 años la tasa de mortalidad por accidente es de 45.3 frente a 25.7 de las mujeres, y en el rango de 20 a 24 es de 43 y 22.5 en las mujeres. De la misma manera, entre 15 y 19 años la tasa de jóvenes hombres que mueren por lesiones intencionales es de 17.6, mientras que en las jóvenes de estas edades es de 10.3 y en el rango de 20 a 24 la tasa de muerte por violencia intencional crece a 20.5, cifra muy superior a la correspondiente a las mujeres, que es de 9.7 (Conapo, 2010: 43). Frente a la violencia en Nuevo León, políticos panistas y el propio gobernador propusieron reducir a 12 años la edad penal en casos de delincuencia organizada mediante una adición al artículo 18 constitucional, medida que muestra el crecimiento de las posiciones punitivas y la estrechez de horizontes de una clase política incapaz de replantear el problema de la violencia como parte integral del proyecto social que ellos han construido y que a todas luces resulta fallido, cruento y per-verso (Martínez, 2011: 10).

Los afanes prohibicionistas con sus disposiciones censuradoras han participado de manera destacada como recurso de proyectos autoritarios y estrategias punitivas de control social, cuyos efectos han dejado una huella social profunda, entre los cuales se encuentran:

1. El incremento en los indicadores de violencia y muerte. El registro de más de 50000 asesinados durante los últimos cinco años alude a un escenario descompuesto que genera una enorme carga de muerte innecesaria y de violencia artera, que sitia ciudades y estados enteros hasta generar una condición atípica en el país caracterizada por la presencia de un Estado adulterado, donde la presencia del llamado "crimen organizado" se ha introducido hasta la médula de las instituciones. El éxito que éste ha alcanzado se asienta en las redes de corrupción, complicidad e impunidad que vulneran la acción del Estado, condición que se comprueba cada día con el registro de policías, militares y funcionarios que aparecen como cómplices de los grupos a quienes debía combatir.

2. Aumento de la paralegalidad. En nuestro país crece la paralegalidad y su impacto permea la vida social y los marcos de convivencia, al tiempo que incrementa la sensación de miedo, incertidumbre y sospecha que vive gran parte de la población. Los ámbitos de la paralegalidad se fortalecen frente a grandes sectores poblacionales ante los que ni siquiera existe la certeza sobre quién fue el triunfador del proceso electoral presidencial de 2006. La paralegalidad prolifera con la participación del ejército en la realización de actividades policiales que no le corresponden y al margen de sus atribuciones constitucionales. Se intensifica con la impune acción de personajes del "crimen organizado" muchas veces en complicidad con miembros de las fuerzas policiales que controlan espacios territoriales, levantan personas en pleno día y en lugares públicos, secuestran y arrebatan los bienes que las familias adquirieron con grandes sacrificios, extorsionan, cobran derecho de piso y castigan cruentamente a quienes se niegan a proporcionarles la cuota establecida, proceso en el que han muerto cientos de inocentes que se encontraban en el antro, el restaurante, el casino o cualquier otro establecimiento comercial en el momento en que estalla la granada, se siente el tableteo y las ráfagas de las armas automáticas, se derrama combustible y se incendian los locales.

Aparece la paralegalidad cuando el alcalde de San Pedro Nuevo León forma un grupo de chicos rudos para combatir al llamado "crimen organizado" al margen de sus atributos legales, con el agravante de que algunos de ellos fueron identificados como integrantes de los propios grupos delincuenciales. Crece cuando se promueve la posición a favor de la justicia por propia mano y la intención de crear grupos de autodefensa, o la perspectiva de la lucha violenta. En México, seis de cada diez empleos se crean en el ámbito informal y la gran mayoría de ellos apuntalan espacios de la paralegalidad conformada desde la connivencia y corrupción de figuras institucionales, controles corporativos o relaciones de asociación y subordinación con organizaciones del llamado "crimen organizado". Esta connivencia se muestra de manera clara en el texto de Efrén Sandoval, que ilustra el solapamiento de las complicidades institucionales con el negocio de la fayuca y la incorporación de grupos del crimen organizado que han establecido su poder y control sobre ésta y otras actividades con la complacencia de las autoridades.

3. Crecimiento del miedo derivativo. En nuestro país observamos el incremento del "miedo derivativo", concepto acuñado por Sygmund Bauman (2007) para referirse a miedos colectivos caracterizados por dos atributos. El primero es que la población se siente implicada en el riego de ser víctima del hecho violento. Hasta hace una década, la población percibía el tema de las muertes violentas asociadas al crimen organizado como eventos ajenos a su circunstancia y su cotidianeidad y de forma un tanto ingenua e irresponsable asumía: "se están matando entre ellos", certeza que parecía exorcizar de su entorno inmediato esos hórridos acontecimientos que remitían a mundos ajenos, distantes e inaprehensibles. Pero las cosas han cambiado y ahora en muchas zonas del país la población se sa-be expuesta a este peligro que pone en riesgo su integridad física y admite que nada le garantiza quedar exenta de un levantón, secuestro, cobro de piso, extorsión, violación, decapitación, desollamiento, descuartizamiento. La gente tiene miedo, se siente más insegura y desconfía de las autoridades, al tiempo que reconoce que la guerra iniciada por Felipe Calderón se va perdiendo ante los narcotraficantes. Frente a estas premisas, emerge la segunda dimensión del miedo derivativo, que alude a la interiorización por parte del individuo de la certeza de su indefensión ante la exposición al evento de violencia: las personas asumen que son vulnerables y que no tienen posibilidades de resistir. Sus razones son contundentes, inobjetables, pues saben que no están en condiciones de confrontar a poderosos grupos armados y organizados ni pueden confiar en las instituciones del Estado a las cuales sabe cómplices o infiltradas por la criminalidad.

4. Pérdida de soberanía. En este contexto de supuesta guerra contra el crimen organizado declarada por el Ejecutivo, se presenta una importante afectación y violación a la soberanía nacional y a los postulados constitucionales con la clara complicidad de las autoridades federales. Esta condición adquiere conspicua presencia si consideramos eventos como la Operación Rápido y Furioso, por medio de la cual el gobierno estadounidense armó a narcotraficantes y perdió el control de las armas, muchas de ellas utilizadas en sucesos violentos que manchan de sangre nuestro país, y algunas activadas para segar la vida de agentes estadounidenses como Jaime Zapata, quien fue ultimado con los juguetitos introducidos a México en ocasión del propio operativo Rápido y Furioso. Al mismo tiempo, en la opacidad y el silencio se despliegan aviones no tripulados —conocidos como drones— estadounidenses sobre territorio nacional o agentes de ese país actúan de forma subrepticia en nuestro territorio con connivencia del gobierno y el desconocimiento de la población y de las instancias que deberían autorizarlo.

5. Fortalecimiento de posiciones autoritarias y prohibicionistas. En fechas recientes hemos observado nuevas ofensivas contra los corridos que incorporan el tema del narcomundo, intención prohibitiva reeditada en múltiples ocasiones, desde 1987, cuando el entonces gobernador de Sinaloa, Francisco Labastida, emitió la primera disposición de prohibir los narcocorridos. Después se sucedieron múltiples intentos fallidos por parte de gobiernos estatales y de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. La violencia crece más allá de afanes ingenuos o tentaciones prohibicionistas y el tema del narcotráfico y sus representaciones convoca, además de a músicos y corridistas, a escritores como Élmer Mendoza, Fernando Vallejo, Arturo Pérez-Reverte, Jorge Franco o Leonides Alfaro, a periodistas como Alonso Salazar, Julio Scherer García, Jesús Blancornelas, Anabel Hernández y Javier Valdez, a cineastas como Luis Estrada, a coreógrafas como Minerva Tapia, a dramaturgos como óscar Liera y Víctor Rascón Banda, así como a académicos como Luis Astorga, Catalina Heo y Javier Cajas.

]]> Tras la disposición del gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, de prohibir los narcocorridos, el alcalde de Navolato, Evelio Platas, propuso prohibir la minifalda para evitar el embarazo en jóvenes y adolescentes, y el gobernador de Chihuahua, César Duarte, se lanzó con la iniciativa de reclutar ninis para que realizaran servicio militar obligatorio durante tres años, mientras Felipe Calderón llamaba a los jóvenes universitarios a asumir una suerte de mística secular incorporándose a las fuerzas policiales. En su texto La violencia como tema de escritura, Élmer Mendoza anota que las temáticas tratadas identifican al escritor, y destaca las condiciones nacionales de una sociedad polarizada entre riqueza y miseria, culturización e ignorancia, pasividad y violencia. Polarización por medio de la cual ricos y violentos conculcan espacios y sueños de las mayorías (Mendoza, 2011).

6. Presencia del narcomundo como referente de definición de proyectos de vida juveniles. El narcomundoylanarcoculturasonreferentesimportantes en la definición del sentido y significado de vida y de muerte de millones de personas, especialmente jóvenes, quienes observan con desencanto el cierre de las opciones desde las cuales podrían generar proyectos viables de vida. La pobreza, el desempleo, la precarización laboral, la deserción escolar, la disminución del peso de la educación como referente potente de movilidad social, la informalidad, la paralegalidad, la abismal desigualdad en la distribución de ingreso y riqueza, el desplazamiento forzado por motivos económicos o de seguridad, son elementos centrales que funcionan como candados que estrechan las alternativas de los jóvenes.

7. Frente a estas limitaciones aparecen figuras reconocibles que deberían percibirse como alertas ante las limitaciones del proyecto nacional. Los ninis, por ejemplo, son jóvenes que no estudian ni trabajan a quienes se les ha clasificado con este concepto socioestadístico que oculta profundas desigualdades de clase, género y étnicas, pero que apunta a un ámbito deficitario del proyecto social frente a la juventud. Los tonas, por su parte, conforman un amplio sector social que decide jugarse el todo o nada: no están dispuestos a asumir de manera pasiva la falta de opciones y deciden que "más vale una hora de rey que una vida de buey", consigna que llevará a muchos de ellos por caminos que los conducirán al dinero rápido, y en ese afán encontrarán atractivas las oportunidades que ofrece el crimen organizado. No es que los tonas desconozcan los peligros que encierra el sicariato, el trasiego de drogas o de armas, el secuestro, el levantón, la cobranza u otras narcoactividades, las conocen y asumen costos y riesgos, pero entre más se cierran los canales formales para la generación de proyectos de vida de los jóvenes, más se fortalecen las opciones emanadas de la informalidad, la paralegalidad y el narcomundo. Los ponchis, a su vez, son figuras que abandonan los mundos infantiles para incorporarse a actividades y expectativas vinculadas al narcomundo. La sociedad mexicana se asombró al conocer el caso del "Ponchis" y muchos intentaron encontrar razones individualizadas para tratar de explicar por qué un niño de 12 años se dedica al sicariato y participa de forma directa en la tortura y asesinato de las víctimas. Desafortunadamente el caso de ejl, quien a los cinco años conoció la vida de la calle y a los 12 ingresó al Cártel del Pacífico como torturador y sicario, no es un hecho aislado, como muestra el testimonio del matamorense Roberto M., registrado por María Eugenia de la O y Nora Medina, en el que Roberto relata su incorporación en los circuitos del narcotráfico desde que cursaba la educación secundaria y utilizaba su mochila para introducir droga a la escuela.

En México crece la presencia de los ponchis como expresión de la descomposición social que vivimos. El Consejo Nacional de Población (Conapo, 2010) estima que en México viven 31.7 millones de niños menores de 15 años, 6.7 millones habitan en condiciones de alta marginación y se calcula en más de 100000 la cantidad de infantes en situación de abandono en el país. México ocupa el tercer lugar en maltrato infantil, al reconocerse la existencia de medio millón de niños entre 12 y 14 años que trabajan en condiciones infrahumanas (Notimex/Síntesis, 2010). El proyecto nacional dominante apuesta por un modelo que favorece la concentración de la riqueza en unos cuantos y ha perdido autoridad ética y moral, en tanto que implosiona el marco axiológico y la población juvenil no logra identificar diferencias cualitativas entre policías y narcotraficantes, ni cree en la clase política ni en las instancias de procuración de justicia.

El escenario descrito conlleva retos y desafíos fundamentales para las ciencias socioantropológicas, en especial cuando observamos que aun cuando intentemos evadir los temas de violencia, narcomundo y crimen organizado, ellos nos convocan, emergen en nuestros espacios de trabajo, alteran la habitabilidad y los ámbitos de convivencia social, irrumpen en comunidades y localidades, inciden en los destinos del uso de la tierra, sitian y se apropian de carreteras, imponen lógicas en los sitios de diversión, participan en los procesos políticos y electorales, influyen en la agenda internacional y en la estrategia de seguridad nacional, trastocan y elevan controles, revisiones y vigilancia en aeropuertos, se apoderan de las gramáticas de muchas ciudades, penetran en comunidades indígenas, devienen en referentes de vida para millones de personas, vulneran la soberanía nacional, expropian el uso de espacios públicos, participan como pretexto para invadir espacios privados y violar ámbitos de la vida privada, redefinen rutinas cotidianas, amplían la violación de los derechos humanos y civiles por parte de las fuerzas policiales y militares, generan decenas de miles de asesinatos y eventos violentos, están involucrados en políticas de limpieza social y sitian nuestros espacios de libertad.

No obstante, hay en la academia un sector de investigadores que considera irrelevante el estudio de los temas de violencia y narcotráfico y se concentran en su pequeño campo de estudio indolentes a una realidad que incide de manera importante y en muchas áreas de la vida social y de nuestro quehacer académico, como lo constatan varios de los textos presentados en este número de Desacatos. La situación del país presenta un desafío insoslayable para el trabajo de investigación: la comprensión de nuevas lógicas de acción social, los rasgos del proyecto nacional y sus transformaciones en contextos globales, los paradigmas teóricos sobre acción y organizaciones comunitarias, económicas, formas de convivencia, lógicas de acción colectiva, seguridad pública y nacional, transformaciones culturales y proyectos civilizatorios alternativos.

El trabajo académico de investigación también enfrenta obstáculos vinculados con la situación de violencia y miedo que predomina en el país. El narcotráfico redefine condiciones de vida de las comunidades y grupos indígenas. En octubre de 1994 se realizó en la ciudad de Tecate, Baja California, el Primer Encuentro Indígena México-Estados Unidos: Auka Maj Kuar Kuar —Buenos días, vamos a platicar—, al cual asistieron autoridades de 53 pueblos indios de ambos lados de la frontera. Además de las mesas de trabajo acordadas por ellos, propusieron una mesa sobre narcotráfico, pues las zonas serranas del norte de México ya vivían un entorno de violencia, agresiones, abuso y violación de mujeres. Desde entonces, las organizaciones del llamado "crimen organizado" se han fortalecido en esos territorios. Junto a las formas atávicas de violencia y racismo antiindígena, aparecen expresiones de criminalización de lo étnico, discriminación y crueldad excesiva, como lo muestra Manuela Camus acerca de la población guatemalteca que vive en la frontera con Chiapas.

La desconfianza anida en diversos sectores sociales, los empresarios se resisten a informar a las y los colegas que realizan investigación sobre procesos laborales e industriales, en los pueblos y comunidades campesinas la gente siente recelo de los fuereños que llegan a hacer preguntas. Muchas personas han tenido que irse del país o de su ciudad debido a las condiciones de inseguridad prevalecientes, donde los sectores más ricos se encuentran blindados y cuentan con múltiples escoltas y agentes de seguridad. Muchas personas de las clases alta y media-alta han cambiado su residencia a Estados Unidos, mientras que las clases media y media-baja lidian como pueden con la inseguridad y el miedo, sabedores del poco apoyo que pueden recibir de los organismos policiales y militares, o incluso pensando en la forma de evadirlos dada la desconfianza que existe hacia estas figuras institucionales.

La violencia permea al conjunto de la vida social y se expresa en todos los ámbitos. Junto a las expresiones de violencia simbólica, como violencia naturalizada en los ámbitos domésticos, crece la violencia en los ámbitos públicos, donde se despliega con gran impunidad el feminicidio, el juvenicidio y la muerte artera. La violencia también mantiene importante presencia en los ámbitos laborales y se inscribe en los cuerpos, como se observa entre los trabajadores de la industria maquiladora en el texto de María Eugenia de la O y Alma Leticia Flores Ávila. El desplazamiento motivado por la violencia, que tiene en Colombia su expresión más visible con un número impreciso que oscila entre 3 y 4 millones de desplazados, es otro de los escenarios debidos a este fenómeno, en especial en el norte, donde desde hace varios años se registra el desplazamiento de personas a Estados Unidos con el objetivo de escapar de la violencia, la amenaza de muerte, la extorsión o el secuestro. Algunas de estas estampas son analizadas por Séverine Durin en el texto "Los que la guerra desplazó: familias del noreste de México en el exilio".

Quien se sienta cómodo en su mundo académico pensando que ninguno de estos temas afecta sus impolutas certezas es que hace tiempo abandonó el verdadero interés académico y olvidó que la ciencia, al igual que el conocimiento, busca la transformación y el mejoramiento humano. Algunos de quienes realizan trabajo dentro de los confines cifrados del propio cubículo nunca tropezarán con los elementos inscritos en el conflictivo escenario social que vivimos. Sin embargo, necia realidad, como ciudadanos, como académicos y como personas, enfrentamos en nuestros ámbitos cotidianos, en nuestros mundos de vida y en espacios sociales más amplios, los efectos de la violencia, el crimen organizado, los marcos prohibicionistas y la adulteración del Estado. Frente a esta realidad debemos asumir el compromiso ético, académico y humanista para proponer nuevos marcos de convivencia, proyectos de nación más justos, incluyentes y equitativos y mejores horizontes civilizatorios.

Referencias

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Información sobre el autor

José Manuel Valenzuela Arce es profesor-investigador del Departamento de Estudios Culturales de El Colegio de la Frontera Norte, doctor en ciencias sociales con especialidad en sociología por El Colegio de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel III. Sus investigaciones han abordado temas relacionados con cultura e identidad, fronteras culturales, movimientos sociales, culturas juveniles, sociología urbana y popular. En 2001 recibió el Premio de Musicología "Casa de las Américas" en Cuba. En 2005 obtuvo la beca John Simon Guggenheim Foundation-Latinoamérica. Es fundador de El Colegio de la Frontera Norte (1982) y del Departamento de Estudios Culturales, del cual fue director de 1990-1993 y de 1999-2003. Fue director de la Unidad Regional Norte de Culturas Populares (Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Durango) de 1993 a 1994 y fundador de la Unidad de Tijuana de 1993 a 1994, así como director de la revista Frontera Norte de 1995 a 1998. Sus trabajos han sido publicados en español, inglés, portugués, italiano, catalán, alemán y francés. Recientemente ha publicado Impecable y diamantina. P. S. Democracia adulterada y proyecto nacional (2010) y Jefe de jefes. Corridos y narcocultura en México (2011).