New scenarios of Mexico–United States migration; the consequences of the anti–immigrant war

Douglas S. Massey, Karen A. Pren y Jorge Durand

Princenton University. Correo electrónico: jdurand@princeton.edu

Universidad de Guadalajara.

Resumen

Palabras clave: migración internacional, política antiinmigrante, discriminación, trabajadores temporales, migración documentada, antiterrorismo, México, Estados Unidos.

Abstract

The history of Mexico–U.S. migration is characterized by a series of discrete phases during which levels and patterns of migration change primarily in response to shifts in U.S. policies. The late 1990s witnessed the onset of the latest shift, moving Mexican immigration from the era of contradiction to the era of marginalization. At present a large majority of Mexicans living in the United States lie outside the full protection of the law during a period in which the penalties for illegality have grown and the persecution of unauthorized immigrants has reached record levels. Increasingly Mexicans in the United States cut off from their homeland by a militarized border but estranged from American society by anti–immigrant policies, practices, and attitudes, putting them in an unusually marginalized and vulnerable position.

Key words: international migration, anti–inmigrant politics, discrimination, temporary workers, documented migration, counter–terrorism, Mexico, United States.

Introducción

Hace ya una década que Durand et al. (1999) llamaron la atención sobre la llegada de una "nueva era" para la migración México–Estados Unidos, hecho que fue provocado por la ley de Reforma Migratoria IRCA de 1986. Aunque los autores no le dieron un nombre específico a este periodo, posteriormente Massey et al. (2002 y 2009) la calificaron como la "era de la contradicción", dado que la política de aquellos años se movía en dos direcciones opuestas: por una parte se liberalizaban los controles para el tránsito de bienes, mercancías, servicios, capital, información y cierto tipo de personas (profesionales, técnicos de alto nivel, inversionistas, empleados de compañías transnacionales) y, por otra, se imponían nuevas barreras e impedimentos para el tránsito de trabajadores entre ambos países.

Esta política contradictoria tuvo un impacto muy profundo en el sistema migratorio mexicano que pasó de ser una migración de tipo circular, masculina y regional, a una migración establecida, familiar y de dimensiones nacionales, tanto en el país de origen como en el de destino. Por otra parte, en vez de reducirse la tasa de ingresos de la migración indocumentada, la aplicación de políticas migratorias restrictivas tuvo un impacto directo en las tasas de retorno, lo que paradójicamente incrementó el volumen neto de la migración indocumentada en Estados Unidos (Massey et al., 2002 y 2009). De 1986 al año 2000, la población nacida en México residente en Estados Unidos prácticamente se triplicó al pasar de 3.3 a 9.2 millones de migrantes, tanto legales como indocumentados. Dadas las dificultades que implicaba el retorno, por el incremento de costos y riesgos en el cruce fronterizo, los inmigrantes dejaron de circular y empezaron a establecerse de manera indefinida.

La migración está a la baja, pero los siete millones de migrantes mexicanos indocumentados radicados en Estados Unidos no piensan regresar. Hay indicios de que la migración indocumentada ha dejado de crecer, pero no hay signos de un retorno masivo a México, a pesar de la gran hostilidad de ciertos sectores de la sociedad y la represión gubernamental. El resultado es el agravamiento de las condiciones, tanto para los migrantes legales como para los indocumentados, migrantes que ya se sienten enraizados en tierra americana pero, al mismo tiempo, se sienten excluidos. La era de la contradicción ha dado paso a la era de la marginalización en la cual los migrantes mexicanos se han visto obligados a romper los lazos con sus comunidades de origen por la militarización de la frontera que les impide retornar, y al mismo tiempo se sienten extraños en una sociedad que los requiere y necesita, pero no los acepta, discrimina y reprime.

Breve historia de la migración México–Estados Unidos

La migración México–Estados Unidos tiene una larga historia que puede ser dividida en fases o eras que se distinguen por las características del cruce fronterizo y las condiciones legales que prevalecen. La primera fase ha sido calificada por Durand y Arias (2004) como la "era de enganche". A comienzos del siglo XX, los contratistas norteamericanos que requerían de trabajadores para el tendido del ferrocarril empezaron a buscar obreros que reemplazaran a los chinos y japoneses a los cuales se les había prohibido el ingreso, dada la promulgación de leyes de marcado corte racista (Zolberg, 2006). La necesidad de trabajadores en el suroeste era apremiante, especialmente para la agricultura, la minería y los ferrocarriles. Por tanto, los empleadores norteamericanos enviaron reclutadores a las zonas más pobladas de México, especialmente al occidente del país, a los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas.

El sistema de enganche consistía en dar al trabajador un adelanto de su salario en efectivo para luego comprometerlo a pagar su deuda con trabajo. Después del pago inicial, la deuda se incrementaba con los pasajes, hospedaje y alimentación, hasta que se arribaba al lugar de destino. Las promesas de buenos salarios y condiciones laborales aceptables se esfumaban.

La demanda de trabajadores mexicanos se incrementó notablemente con el inicio de la Primera Guerra Mundial y se hicieron esfuerzos por organizar lo que se ha llamado el Primer Programa Bracero, que nunca llegó a ser un arreglo bilateral entre ambos gobiernos y que se quedó en negociaciones de tipo consular y fronterizo. Como quiera, las redes sociales de los migrantes ya estaban aceitadas y sabían cómo llegar a la frontera, buscar una casa de enganche y encontrar trabajo. En la década de 1920 el crecimiento económico vino acompañado de nuevas leyes migratorias y cuotas que restringían el ingreso de inmigrantes europeos. Las cuotas no aplicaban para el continente americano y el flujo migratorio proveniente de México se incrementó notablemente. Esa época ha sido calificada por los historiadores como la "era de la marea alta" (Cardoso, 1980). De acuerdo con las estadísticas oficiales, entre 1920 y 1929 ingresaron 148 000 trabajadores contratados y 488 000 de manera irregular. Para 1929, el año de la crisis, se estima que había 740 000 mexicanos, lo que contrasta con los 103 000 que fueron registrados en 1900.

El flujo migratorio proveniente de México fue promovido por las empresas que enviaban enganchadores y luego bienvenido por el propio gobierno que encontró en los trabajadores originarios del sur (negros y mexicanos) la mejor solución para suplir la escasez de mano de obra. Sin embargo, en 1929, los mexicanos que habían sido bienvenidos se convirtieron en indeseables con el colapso de la economía y el inicio de la Gran Depresión. A esta época se le ha llamado la "era de las deportaciones" (Hoffman 1974; Massey et al., 2002). De 1929 a 1939, un grupo de 469 000 ciudadanos mexicanos fueron invitados o forzados a salir de Estados Unidos, muchos de ellos acompañados por sus hijos que eran ciudadanos americanos. Para el año de 1940, la población mexicana en Estados Unidos se redujo a tan sólo 377 000 personas, una cantidad menor incluso que la que se registró en 1920, cuando empezaba a subir la marea.

La última deportación masiva se realizó en 1939, cerrando el ciclo de una larga década de deportaciones. Sin embargo, los tambores de guerra en Europa presagiaban un cambio drástico de actitud. Con el despertar de la economía de guerra se volvió a sentir la escasez de trabajadores. Pero fue hasta el ataque de Pear Harbor cuando la necesidad de mano de obra se hizo apremiante y el gobierno americano buscó un entendimiento con el gobierno mexicano. De las negociaciones surgió lo que se conoce como el Programa Bracero, lo que dio inicio a una nueva fase migratoria, caracterizada por la migración de tipo temporal, masculina, de origen rural y con destino específico en la agricultura. El programa empezó en 1942, con apenas 4 200 braceros, pero para el año de 1945 ya sumaba 50 000. En 1946, después de una breve pausa por el fin de la guerra, se volvió a renovar el programa y alcanzó su nivel máximo en 1956 con 445 000 braceros. A partir de ahí fue declinado poco a poco, hasta concluir de manera abrupta en 1964. Dado que México no participaba en el sistema de cuotas, la migración legal también fue en incremento y pasó de 2 200 personas en 1942 a más de 55 000 en 1963. Dadas las facilidades para ingresar de manera legal en Estados Unidos, tanto para braceros como para turistas y residentes, la migración ilegal era prácticamente inexistente y sólo se registraba un promedio de 30 000 aprehensiones de migrantes indocumentados por año.

El año de 1965 marca un nuevo cambio en la política migratoria norteamericana y da inicio a una nueva era. En ese año se promulgó la ley Immigration and Nacionality Act, que por primera vez imponía limitaciones numéricas a la inmigración mexicana, política que se hará cada vez más restrictiva con las sucesivas enmiendas. Mientras en 1959 los mexicanos tuvieron 438 000 visas para trabajadores temporales y un número ilimitado de visas para residentes, en 1979 sólo se otorgaron 1 725 visas para trabajadores y la cuota anual mexicana se redujo a 20 000 visas, sin contar aquéllas que se consideraban de reunificación familiar.

Sin embargo, a pesar de que ingresaban varios millones de mexicanos cada año, de manera subrepticia, también es cierto que una cantidad semejante retornaba. De acuerdo con estimaciones de Massey y Singer (1995), entre 1965 y 1986 un 85 por ciento de los migrantes indocumentados regresaba, por ello el incremento del volumen general de mexicanos en Estados Unidos tuvo un crecimiento anual bastante modesto. Para 1986 se calculó que había tres millones de mexicanos indocumentados.

De la contradicción a la guerra antiinmigrante

La historia confirma que el proceso migratorio entre México y Estados Unidos ha sido forjado por las políticas unilaterales de Estados Unidos. Los periodos de reclutamiento activo y de tolerancia implícita para el cruce de indocumentados desarrollaron un complejo entramado de redes sociales que hicieron del flujo un fenómeno autosostenido. Por otra parte, a los periodos de puertas abiertas le siguieron de represión y deportación masiva, un escenario que se repite de manera pendular en las diversas fases migratorias a lo largo de todo el siglo XX.

La importancia que tuvo la política migratoria estadunidense para determinar el volumen y las características del flujo puede apreciarse en la gráfica 1, la cual muestra al número de migrantes mexicanos que ingresaron a Estados Unidos para el periodo 1950–2008, en tres categorías: migrantes legales, contratados e indocumentados. Los datos sobre migrantes legales y contratados —temporales, con diversos tipos de visa— provienen de las estadísticas oficiales del gobierno, mientras que los cálculos probabilísticos de indocumentados han sido estimados utilizando los datos del Mexican Migration Project (MMP) y el censo mexicano (para mayor información sobre el MMP ver Durand y Massey, 2005). Utilizando otros archivos del MMP, se toman en cuenta a los migrantes legalizados por IRCA, desde el año de la legalización hasta el año del último viaje a Estados Unidos registrado en los datos del MMP, lo que da como resultado una tendencia actual del flujo migratorio en general.

Como puede verse en la gráfica 1, el periodo de 1950 a 1965 está dominado completamente por el crecimiento de la migración legal y la posterior caída del Programa Bracero. A comienzos de 1950 se registran menos de 100 000 trabajadores, para luego llegar a un pico de 450 000 a mediados de la década, y luego caer de manera progresiva hasta 1965.

En el siguiente periodo, al quedar suprimido el Programa Bracero y reducida la migración legal a 20 000 visas anuales, obviamente empezó a crecer la migración indocumentada, que se incrementó de manera sostenida hasta llegar a un pico de 300 000 migrantes por año en 1990. Luego el flujo se estabilizó y empezó a declinar lentamente hasta 200 000 trabajadores por año en el 2000. A pesar de las restricciones, la migración legal también se incrementa por dos razones: el ingreso de 2.3 millones de indocumentados al campo de la legalidad después de la amnistía de IRCA (1986), y los procesos de reunificación familiar que se derivaron después de la regularización y posterior naturalización de muchos mexicanos que podían traer legalmente a sus hijos, esposas y parientes cercanos, que no tienen restricción numérica.

Como se dijo anteriormente, después de Inmigration Reform and Control Act (IRCA), la nueva fase migratoria fue bautizada como la "era de la contradicción" (Massey et al., 2002), dado que Estados Unidos se propuso integrar los mercados de Norteamérica, con excepción del mercado laboral. Pero la nueva "era de la marginalización" surge a partir de los sucesos críticos del 11 de septiembre. No obstante, sus raíces se remontan a las décadas de los ochenta y noventa, en especial a la Proposición 187 en California (1994). Es a partir de la ley IRCA que empieza el proceso de militarización de la frontera, que se incrementa año con año y que persiste hasta nuestros días. En 1996 se vuelve a la carga con otro instrumento legal, nombrado Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act (IIRAIRA), ley que castiga a los migrantes legales residentes, y no sólo a los indocumentados, al no permitirles acceder a una serie de servicios y prestaciones especialmente en el campo de la educación y la salud.

Al mismo tiempo, las leyes antiterroristas otorgaron a las autoridades federales nuevos poderes para expulsar de manera expedita a cualquier extranjero, legal o ilegal, que en alguna ocasión haya entrado sin autorización y cometido un crimen, sin importar el tiempo en el que lo haya hecho.

Es en el contexto de la guerra antiterrorista en el que se definen nuevas políticas represivas dirigidas en contra de los inmigrantes. Los ataques tenían la intención de generar miedo e histeria en Estados Unidos y se vieron recompensados con la promulgación de la Ley Patriota, que pasó por el congreso prácticamente sin debate. Esta ley estaba dirigida contra los terroristas, pero en la práctica se declaró una guerra contra los extranjeros inmigrantes, que se materializó con el incremento del control fronterizo y la persecución de trabajadores ilegales al interior del país, que no tenían derecho a juicio ni apelación si existían razones para creer que podrían cometer o apoyar actos de terrorismo.

El escalamiento de la guerra antimigrante queda claramente ejemplificado en la gráfica 2, donde se muestra la nueva tendencia en las deportaciones, el incremento en el presupuesto de la Patrulla Fronteriza y el INS, y el número de horas de vigilancia fronteriza entre los años de 1965 y 2008. Cada serie se ajusta a valores de 1986. De acuerdo con la gráfica 2, entre 1965 y 1986 prácticamente no hay cambios, éstos empiezan a manifestarse lentamente hasta 1993 y 1994, año en que se ponen en efecto las operaciones Bloqueo, en El Paso, y Guardián, en San Diego. Sin embargo es en 2002, después del 11 de septiembre, cuando la curva cambia radicalmente y todos los indicadores se disparan. En 2008, el número de horas de vigilancia fronteriza pasó de cero a un factor de 74, el presupuesto de la Patrulla Fronteriza creció con un factor de 52 y las deportaciones con un factor de 32.

Si se considera que el peor momento en la era de las deportaciones fue 1931, pues se deportaron 139 000 personas, en el año 2008 el número anual de deportaciones llegó a 349 000.

De este modo, el incremento en las políticas de corte antiinmigrante se vio acompañado de una retórica que considera a México y los mexicanos como una amenaza a la seguridad del país, su cultura y su estilo de vida. De acuerdo con Chávez (2001), dos tercios de las portadas de las revistas de divulgación nacional tocan el tema de la migración de manera retórica y figurada, con términos como inundación, desborde, oleada, invasión. No sólo se trata de los títulos sino también de las imágenes que la acompañan.

La inmigración mexicana es enmarcada en una retórica de carácter marcial, militar. La frontera mexicana se considera como un "campo de batalla", que supuestamente está "bajo el ataque" de "extranjeros invasores". Se trata de una "bomba de tiempo" que puede "explotar" en cualquier momento y que puede destruir la sociedad "americana". Por su parte, los patrulleros fronterizos son considerados como "defensores" de la patria, que se mantienen en "la línea de fuego" conteniendo a las hordas que se lanzan de manera abrupta y directa hacia la frontera (Dunn, 1996; Andreas 2000). La cobertura que le dio Los Angeles Times a la Proposición 187, de 1992 a 1994, utilizó metáforas guerreras en 23 por ciento de sus artículos sobre la inmigración y en 20 por ciento de las historias sobre inmigrantes (Santa Ana, 2002).

La retórica sobre la inmigración latina tomó fuerza cuando el presidente Ronald Reagan enmarcó el tema migratorio dentro del tema de seguridad nacional al afirmar que Estados Unidos había "perdido el control de la frontera". En este contexto, los migrantes indocumentados son vistos como una "quinta columna" de personas frustradas y molestas que no han podido realizarse ni desarrollarse en sus países de origen (Massey et al., 2002). Los ataques terroristas de 2001 confirmaron la supuesta conexión entre migración, terrorismo y seguridad nacional. De este modo la frontera mexicana se ha convertido en el nuevo campo de batalla en la lucha contra el terrorismo. De acuerdo con Rosaldo (1997), la frontera mexicana ha sido considerada como una arena donde impera la violencia social, de tal modo que para controlarla hay que utilizar medidas extremas de defensa, militarización y alta tecnología.

Las metáforas guerreras se han convertido en el pan cotidiano de los medios de comunicación. Lou Dobbs (2006) se refiere a la inmigración mexicana como una "invasión de extranjeros ilegales" que afecta directamente a la "clase media americana". El conservador Patrick Buchanan (2006), considera que la inmigración mexicana forma parte de un complot de Aztlán que tiene como objetivo recuperar las tierras perdidas en la guerra México–Americana. En una entrevista consideró la situación actual como un "estado de emergencia" y

si no se logra controlar las fronteras y detener la mayor invasión de la historia de Estados Unidos, el país está en riesgo de disolución y existe una amenaza real de perder la región suroeste, ya sea de manera cultural y lingüística, si no es que políticamente, a manos de México (Buchanan, 2006: 6).

Como respuesta a toda esta campaña, Chris Simcox fundó en 2004 el grupo Minuteman, "para llevar a cabo el trabajo que el gobierno no ha podido hacer" (Chávez, 2008), y desarrollar actividades propias de vigilancia para prevenir la "entrada de traficantes de drogas, pandilleros y todo tipo de criminales extranjeros que crean estragos en nuestras comunidades y amenazan el orden público" (Massey, 2007). El grupo tuvo un éxito mediático inmediato con 1 725 artículos que aparecieron en 2005 y 1 182 en 2006 (Chávez, 2008).

El incremento en las actitudes antiinmigrantes y excluyentes ha estado acompañado por cambios en el comportamiento. De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el número de crímenes antihispanos se ha incrementado en 24 por ciento y el de víctimas en 30 por ciento, después del 11 de septiembre. Más aún, aunque históricamente la política migratoria era un asunto federal, desde 2001 los estados y las autoridades locales han establecido una serie de políticas y medidas antiinmigrantes. Mientras que en 2005 se introdujeron propuestas y se promulgaron 38 leyes de este tipo, para 2007 la legislación relacionada con asuntos de migración se triplicó y pasó a 1 562 propuestas y 240 leyes.

La vida del migrante en tiempos de guerra

La política migratoria norteamericana con respecto a México ha evolucionado con el tiempo. Ha pasado de actitudes de gran represión en la década de 1930 a la aceptación y organización de un proceso legal y ordenado de braceros, a la aceptación tácita de la migración indocumentada, a la legalización masiva con IRCA y a la actual represión, exclusión y persecución sistemática de los migrantes. Como era de esperarse, el control interno, la vigilancia fronteriza y las actitudes antiinmigrantes han afectado seriamente al comportamiento de los mexicanos y al patrón migratorio.

Uno de los cambios más significativos ha tenido lugar en la geografía del cruce migratorio. En 1986 se dieron con IRCA las primeras disposiciones legales para incrementar el control fronterizo, que luego maduró y se sofisticó con las operaciones Bloqueo y Guardián a mediados de los años noventa. La mayoría de migrantes indocumentados solía pasar por el corredor Tijuana–San Diego, como puede verse en la gráfica 3, pero la tendencia cambia en 1987 a partir de IRCA, y se acentúa en 1994 con la operación Guardián.

Entre 1980 y 1988, la mayoría de los migrantes indocumentados cruzaba por el estado de Baja California. Después de IRCA, esta situación empieza a declinar y crecen los cruces por el estado de Tamaulipas, pero es en 1983 cuando se transforma el panorama, comienza a despuntar Sonora y se establece el corredor por el desierto de Altar hasta Phoenix, Arizona. Mientras en 1980 tan sólo seis por ciento de la migración indocumentada pasaba por Sonora, en 2003 lo hacía 58 por ciento.

En 2003, en Arizona, se tomaron una serie de medidas de control fronterizo que permitió recuperar lentamente al estado de Baja California como lugar de cruce. De tal manera que hacia 2006, 40 por ciento de la migración indocumentada cruzaba por Sonora, 38 por ciento lo hacía por Baja California y 22 por ciento por los estados de Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas. En Estados Unidos, el principal impacto de este cambio en el patrón geográfico de las zonas de cruce ha sido la diversificación de los flujos, en especial del estado de California. De acuerdo con Massey y Capoferro (2008), mientras dos terceras partes del flujo que llegó entre 1985 y 1990 se estableció en California, para el periodo de 1995 al 2000 sólo un tercio se estableció en California, tendencia que permaneció para el periodo siguiente: 2000–2005.

Una consecuencia directa de la militarización de la frontera ha sido que los migrantes indocumentados tengan necesariamente que contar con los servicios de coyotes para incrementar sus posibilidades de éxito. Al final del Programa Bracero, sólo 40 por ciento de los indocumentados utilizaba los servicios de guías y coyotes. Como se puede apreciar en la gráfica 4, en 1980 cerca de 80 por ciento utilizaba polleros o coyotes, y la tendencia se incrementa en el 2005, cuando prácticamente 96 por ciento de los migrantes indocumentados tiene que contar con guías y coyotes cada vez más caros y sofisticados.

Se incrementaron los costos y los riesgos del cruce subrepticio y al mismo tiempo crecieron, de manera muy significativa, las medidas de control fronterizo. Sin embargo, las probabilidades de ser capturados han variado poco. En 1980 se estimaba en 33 por ciento la probabilidad de cruzar con éxito, para 1994 fluctúa entre 20 y 25 por ciento, y vuelve a mejorar para alcanzar 31 por ciento. A pesar del incremento notable del presupuesto de la Patrulla Fronteriza y todas las medidas de control tomadas, las probabilidades de cruzar con éxito permanecen sin mayores variantes.

El proceso de militarización de la frontera, que se inició con IRCA en 1986, tuvo un impacto modesto en los primeros años. Como se puede apreciar en la gráfica 5, la probabilidad de migrar en una primera ocasión para un mexicano mayor de 15 años era de siete por ciento en 1980, y de 11 por ciento en 1989. A partir de ahí empieza a descender el porcentaje de manera paulatina, hasta llegar a seis por ciento en 1998. Pero para el mismo periodo, la probabilidad de que un migrante hiciera un segundo viaje crece de manera significativa, de 17 a 28 por ciento. Hasta 1998, el trabajo de la Patrulla Fronteriza consistía en controlar el ingreso de nuevos migrantes, lo que indica mayor rotación, pero después su trabajo fue impedir el ingreso de migrantes experimentados.

De acuerdo con los datos más recientes, las probabilidades de migrar están prácticamente en cero y las de repetir un segundo o tercer viaje han caído a cinco por ciento. De manera consistente con este análisis, otras estimaciones independientes señalan que el volumen general de la migración indocumentada llegó a su límite máximo en 2005 y ha empezado a decrecer (ver Hoefer et al., 2009; Passel y Cohn, 2009). Después de cuarenta años, la migración indocumentada, finalmente, ha empezado a decrecer.

Esta tendencia a la baja de la migración indocumentada tiene que ver en parte con el proceso de militarización de la frontera y la política disuasiva que se propuso de manera específica incrementar los costos y los riesgos de la migración subrepticia. Massey et al. (2002, 2009) han documentado que el número de muertes en la frontera se triplicó después de las operaciones Bloqueo y Guardián en 1993 y 1994. La gráfica 6 muestra de manera muy clara el incremento notable en los precios que cobran los coyotes. Durante el periodo indocumentado, antes de IRCA (1986), los precios de los coyotes, en dólares constantes para 2009, prácticamente se mantienen invariables alrededor de 500 pesos. Pero después de IRCA empiezan a elevarse los costos, hasta que en 1993, con las medidas de control fronterizo, el precio se dispara hasta llegar a 2 850 pesos en 2008. Un incremento de 470 por ciento.

Como puede suponerse, al bajar las probabilidades de iniciar una nueva aventura migratoria, el aumento en los costos y los riesgos del cruce fronterizo han generado un proceso de selectividad en aquéllos que deciden o tienen posibilidades de migrar. La gráfica 7 muestra los cambios que se han dado en las opciones ocupacionales de los migrantes en tres categorías para el periodo 1980–2005. Antes de IRCA, la mayoría de los migrantes en su primer viaje eran poco calificados (aproximadamente 64 por ciento en 1982). Pero esta proporción ha ido decreciendo a medida que pasan los años. Para 1993, el personal migrante no calificado era de 40 por ciento, y la tendencia a la baja se mantuvo y llegó a 22 por ciento en el año 2001. Para el mismo periodo, la proporción de migrantes que se emplean en servicios empieza a crecer y pasa de 20 por ciento en 1980 a 38 por ciento en 1981, y posteriormente empieza a declinar hasta llegar a 30 por ciento en 2001. Por su parte, el ingreso de migrantes calificados empieza crecer a partir de IRCA, y la tendencia se dispara después de 1993 y llega a su máximo (47 por ciento) en 2001.

Además de un proceso de selectividad, con un alto componente de clase, la militarización de la frontera ha tenido paradójicamente un efecto importante en la reducción de las probabilidades de retorno en aquéllos que tuvieron éxito en pasar la frontera. Dos razones pueden explicar esta tendencia: en primer lugar, el incremento en los costos supone que los migrantes tienen que trabajar más tiempo para poder hacer rentable su viaje. Con un trabajo de 40 horas a la semana, a cinco dólares por hora, el migrante puede pagar el costo del coyote de 500 pesos en 2.5 semanas, pero tiene que trabajar 14.25 semanas para pagar 2 850 pesos con los costos actuales. En segundo lugar, al incrementarse notablemente los riesgos al cruzar la frontera, donde incluso se pueden exponer a perder la vida, los migrantes prefieren quedarse o extender su estancia al máximo, ya que no quieren repetir otra vez la amarga y peligrosa experiencia de cruzar la frontera.

En realidad, el efecto más contundente de todas estas medidas ha sido reducir la tasa de retorno de los migrantes indocumentados. La gráfica 8 muestra las probabilidades de retorno para migrantes legales e indocumentados a 12 meses de haber entrado a Estados Unidos. En 1980, la probabilidad de retorno era de 46 por ciento, pero después de 1986 empieza a decrecer hasta llegar a un modesto siete por ciento en 2007. Aunque los migrantes legales en teoría pueden moverse con libertad, en realidad sus decisiones se enmarcan en el contexto de sus unidades domésticas, donde suelen también tener miembros indocumentados. Históricamente los migrantes legales tienen menos probabilidades de retornar, por razones obvias, pero en 1989 ambas tendencia convergen y la probabilidad de retornar para los migrantes desciende hasta niveles mínimos. Después de 2001, las probabilidades aumentan un poco, para finalmente volver a descender.

En la actualidad, tanto los migrantes legales como los indocumentados tienen muy pocas probabilidades de retornar a México. Aunque se han frenado las probabilidades de ingreso de nuevos migrantes y de los que repiten, aquéllos que ya están radicando en Estados Unidos han decido permanecer, dado que si bien las condiciones en Estados Unidos no son buenas, en México son peores. Por otra parte, los migrantes indocumentados que ingresaron después de la legalización de IRCA ya ha se han asentado en Estados Unidos, tienen hijos estadunidenses, trabajo estable, vivienda y amigos, lo que hace más difícil el retorno.

Estas tendencias tienen efectos considerables en México, dado que con el pasar de los años cada vez es más dependiente de los 'migradólares' (Durand, 1988), es decir, de las remesas que envían los migrantes a sus familias. El flujo de migradólares depende no sólo del número de migrantes radicados en Estados Unidos, sino también de su propensión a enviar remesas. La gráfica 9 muestra las probabilidades de enviar remesas y de regresar con ahorros a México. Antes de IRCA, la probabilidad de enviar remesas y regresar con ahorros era bastante alta (80 por ciento). Pero después de 1986, las dos tendencias empiezan a bajar hasta una probabilidad de 67 por ciento en remesas y 60 por ciento de retorno con ahorros. Después de 1993 las probabilidades de remitir aumentan considerablemente hasta 90 por ciento, mientras que las probabilidades de retornar con ahorros descienden.

El impacto que tienen los migradólares depende de los montos enviados y de la frecuencia con que se remite. La gráfica 10 muestra el promedio anual de las remesas y el promedio de los ahorros de los migrantes en su último viaje, en dólares constantes para 2009. Pero después de 1986 no sólo declina la probabilidad de retornar con ahorros, sino que incluso declina el monto general ahorrado. A pesar de un leve repunte entre 1996 y 2004, para el año 2008 el total estimado de ahorros cae a un promedio de 850 pesos, comparado con los 3 700 pesos de 1980. El monto de las remesas cae también después de 1986, de un rango de 380 a 430 pesos antes de IRCA, a 273 pesos en 1992, para luego subir a 645 pesos en 2004.

En términos generales se puede afirmar que existe una tendencia clara en la disminución del monto global de migradólares, en parte porque el flujo de nuevos migrantes ha bajado considerablemente y porque a medida que pasan los años los que remiten suelen enviar montos más pequeños y con menor frecuencia.

Un nuevo patrón migratorio

A partir de los datos presentados en este análisis puede afirmarse que la migración mexicana ha ingresado a una nueva fase de su larga trayectoria histórica. Después de seis décadas de ires y venires de migrantes indocumentados entre ambas fronteras, el flujo parece haber disminuido considerablemente. Las probabilidades de nuevos ingresos de migrantes indocumentados y los que lo intentan por segunda o tercera vez son cada vez menores. Sin duda este decrecimiento de la migración indocumentada puede atribuirse a las medidas de control migratorio tomadas a partir de 2001, pero también han entrado en juego otros factores, como el colapso financiero, la crisis económica, el desempleo y una sensible disminución en la demanda, que es el principal motor de la migración indocumentada.

Otro factor menos conocido que ha incidido en la caída de la migración indocumentada ha sido la apertura progresiva de oportunidades para ingresar legalmente a Estados Unidos. La gráfica 1 muestra con claridad cómo desde 1990 los programas de trabajadores temporales han sido reinsertados como parte de una nueva política migratoria, hasta llegar a niveles semejantes a los que se lograron durante el Programa Bracero. Mientras en 1986 sólo fueron admitidos 12 000 mexicanos con visas temporales (Visas H de diverso tipo), para el año 2000 el número se incrementó a 104 000 y en 2008 a 360 000. Al mismo tiempo, la inmigración de residentes permanentes también ha aumentado. A pesar de que persiste la cuota anual de 20 000 visas, el promedio anual en años recientes es de 170 000.

La migración legal desde México ha crecido de manera dramática porque se ha incrementado el número de mexicanos de origen que tienen derechos de traer familiares fuera de la cuota establecida. Como una respuesta a las medidas tomadas después del 11 de septiembre, los mexicanos han empezado a naturalizarse para poder contar con derechos plenos. Históricamente, los mexicanos tenían, de lejos, los índices más bajos de naturalización en los Estados Unidos, comparados con cualquier grupo de inmigrantes. Sin embargo, se ha dado un profundo cambio cultural entre la población migrante, que ya no considera como traición a la patria cambiar de nacionalidad. Más aún, desde 1996, en México se permite tener dos o más nacionalidades, sin perder la propia. Antes de 1986 se naturalizaban en promedio 13 000 mexicanos al año, en 1996 el número llegó a 132 000 y la tendencia persiste. De este modo, los mexicanos naturalizados pueden traer a su familia —hijos, esposa, padres— e incluso pueden postular a otros parientes cercanos para que sean admitidos dentro de la cuota establecida para cada país. De ahí que si en 1986 se registraron 30 000 casos de reunificación familiar, en 1996 el número se triplicó y pasó a 90 000.

En efecto, mientras la migración indocumentada ha decrecido notablemente, la migración legal se ha expandido de manera dramática, hasta llegar a totalizar más de medio millón de personas en el año 2008. Por otra parte, el número de detenidos ha decrecido. En el año 2008 se registraron 860 000 casos, lo que representa el nivel más bajo desde 1980. Los migrantes indocumentados que ya están en Estados Unidos no están retornando. En los hechos, los niveles de retorno son los más bajos en décadas debido, precisamente, a las políticas migratorias de corte disuasivo, entre otros factores. Mientras las probabilidades de retorno rondan el siete u ocho por ciento, el volumen total de la población indocumentada ha empezado a decrecer. De acuerdo con Hoefer, Rytina y Baker (2009), se estima una caída de 120 000 migrantes indocumentados. No obstante, el número de indocumentados mexicanos sigue siendo importante. En 2008 había siete millones, lo que representa 55 por ciento de todos los mexicanos nacidos en México que viven en Estados Unidos, y una quinta parte de todos los que se consideran como mexicanos de origen.

La presencia de tantos migrantes indocumentados, combinada con la tendencia creciente de trabajadores temporales y el ingreso de migrantes residentes sitúa al colectivo migrante mexicano en una situación de extrema vulnerabilidad. La situación se complica por otros factores, como un contexto bastante extendido de histeria antiinmigrante, la animosidad de muchos medios de comunicación y la creciente legislación, tanto federal como en los diferentes estados, que pretende limitar una serie de derechos a los que anteriormente se podía acceder.

A pesar de todo, una mayoría de la población indocumentada, que lleva años viviendo en Estados Unidos ha podido integrarse y ha desarrollado una serie de lazos con la sociedad norteamericana (Passel y Kohn, 2009), pero la política migratoria oficial sigue poniendo trabas y dificultades a este proceso natural de integración. Las deportaciones (redadas) al interior de Estados Unidos han creado zozobra y malestar entre la comunidad migrante. Mientras en 1996 fueron deportados del interior 51 000 migrantes, en 2008 el número llegó a 349 000.

Aunque en términos comparativos las deportaciones actuales exceden a las que se realizaron en la década del treinta, éstas no han tenido un impacto significativo en número global de migrantes y, menos aún, en la posibilidad de incentivar o forzar el retorno. El resultado final es una nueva era, en donde la marginalización de los mexicanos es la característica fundamental, aunada a condiciones muy precarias de vida, educación, salud y trabajo. No se puede predecir cuánto va a durar esta fase, pero podemos afirmar que ya llevamos una larga década de marginalización y exclusión de la población migrante de origen mexicano.

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Información sobre los autores

Jorge Durand. Es profesor–investigador de la Universidad de Guadalajara y codirector, con Douglas S. Massey, del Mexican Migration Project (desde 1987) y del Latin American Migration Project (desde 1996). Es miembro de la National Academy of Sciences de Estados Unidos y en los últimos 25 años ha estudiado el fenómeno migratorio.

Karen A. Prend. Recibió su grado de Maestría en Demografía de la Universidad de Pennsylvania. Actualmente es la coordinadora del Proyecto sobre Migración Mexicana y del Proyecto Sobre Migración Latinoamericana.